La autonomía de los entes territoriales en la planificación de su territorio, en el desarrollo de proyectos minero energéticos

El presente trabajo monográfico, busca realizar un recorrido conceptual por la jurisprudencia, la doctrina y las normas que existen en el ordenamiento jurídico colombiano, con respecto a la autonomía de los entes territoriales en la regulación del uso del suelo. Durante el desarrollo del mismo, se pondrá en evidencia los fundamentos que justifican la coordinación entre otras entidades del Estado a la hora de establecer el uso de los suelos en cada municipio y que la autonomía de los entes territoriales puede verse desdibujada de manera casi que total, en tratándose de proyectos minero energéticos, pues se discute si es dable por parte de los Alcaldes y Concejos municipales prohibir dichas actividades en su territorio.The present monographic work seeks to carry out a conceptual tour of the jurisprudence, doctrine and laws that exist in the Colombian legal system, with respect to the autonomy of territorial entities in the regulation of land use. During its development, we will figure out that it is justified the coordination among other state entities when establishing land use in each municipality and that the autonomy of territorial entities may be blurred almost totally, in the case of energy and mining projects, as it is discussed whether it is feasible for the Mayors and municipal councils to prohibit such activities in their territory

Tensiones constitucionales de la intervención del estado colombiano en la exploración y explotación minera respecto de las personas y el territorio

Dentro del marco de la presente investigación, se direcciona estudiar las existentes e históricas tensiones constitucionales entre las entidades territoriales y las facultades propias de su autonomía, así como el poder central materializado a través de la nación, en tal sentido estudiar las figuras conexas, los principios, las regulaciones, la normativa y la jurisprudencia. Lo anterior, a partir de un estudio hermenéutico desde los enfoques del iuspositivismo vs. Iusnaturalismo, los cuales ejercen una función orientadora en las vías y resoluciones jurídicas, frente a las tensiones en cuestión. Por su parte, el modelo de la organización territorial y administrativa del Estado colombiano responde a esas tendencias histórico-políticas tradicional, las cuales están basadas en la unidad de mando, en la centralización política y en la descentralización administrativa. No obstante, como mandato constitucional simboliza el poderío normativo del centralismo, la autonomía de su carácter administrativo y el establecimiento generalizado de un orden social igualitario para la ciudadanía en el reconocimiento de derechos. Es por lo que bajo el mismo centro de impulsión, todos los habitantes del territorio se obligan por las mismas leyes, las mismas decisiones del gobierno y las mismas sentencias judiciales. En ese orden de ideas, es evidente la intencionalidad reglamentaria consagrada en el artículo 1º de la Constitución Política de Colombia de 1991, respecto a la autonomía de las entidades territoriales como elemento integrante del Estado, lo cual, se interpreta en el reconocimiento del Estado de Colombia como sistema político unitario y descentralizado. Los recursos minerales son de uso fundamental para el territorio colombiano, por ende, resultan importantes no solamente para el progreso de la sociedad humana, sino para el desarrollo socioeconómico del país y los entes territoriales, motivo por lo cual, dentro las tensiones constitucionales latentes son las de concentrar esfuerzos para trabajar con los entes territoriales en la autonomía de la descentralización. Ahora bien, teniendo en cuenta los nuevos modelos de ordenamiento territorial que prioriza los componentes de autonomía de las comunidades y los entes territoriales locales, suena entonces lógico analizar el alcance de los entes territoriales para efectos de toma de decisiones respecto del desarrollo y ejecución de proyectos mineros que puedan llegar a afectarlos de manera directa o indirecta. Seguidamente, la discusión cobra vigencia con base en las contradicciones constitucionales y legislativas que históricamente han puesto en una línea de superioridad al gobierno central frente a las entidades territoriales. En la guía de estudio de la presente investigación, se estructura pasando por diferentes estadios donde inicialmente se busca analizar la tensión Nación - Territorio producto de la actividad y explotación minera, así como la conceptualización de los elementos utilizados en la investigación. Después de esta línea se estudian los modelos mineros en el derecho comparado para luego revisar la legislación minera y la jurisprudencia en Colombia, esta comparación permitirá profundizar el alcance de la autonomía y descentralización administrativa, propias de las entidades territoriales en la intervención del Estado para la explotación de los recursos mineros, toda vez que, cada análisis enmarcado en la investigación permitirá condensar y concluir varios temas generales, los cuales pondrán de manifiesto el debate sobre la ejecución de un proyecto de ley que reforme la redistribución de los recursos del Sistema General de Regalías. En Colombia, existe una gran riqueza minera, dentro de las cuales se destacan algunos recursos como el oro, el carbón, las esmeraldas, el cobre, el níquel y el mineral de hierro, entre otros tantos. El potencial es alto y el país se constituye como un gran atractivo para la inversión, tanto así que la minería representa una actividad prioritaria para su desarrollo. Desde la perspectiva económica, la minería constituye una de las apuestas centrales de los dos últimos planes de desarrollo a nivel nacional, los cuales defienden la importancia del sector como fuente de crecimiento, al menos en el corto y mediano plazo. En la misma línea, Fedesarrollo ha publicado informes periódicos en los que se refiere a las rentas generadas por la actividad, su importancia en la balanza comercial y su potencial como generador de empleo. Cabe destacar que en la potestad y titularidad de los recursos naturales no renovables y de los recursos mineros energéticos, siempre ha sido objeto de debate y discusión dentro de los ordenamientos jurídicos y constitucionales, la intervención del Estado en la exploración y explotación minera, respecto de sus entes territoriales, toda vez que dichos recursos representan para los Estados productores de minerales y de hidrocarburos, una de sus principales fuentes de ingresos vía contraprestaciones a título de regalías. Es justamente que partiendo de los grandes recursos que la minería y la extracción hidrocarburífera representan para los Estados, surge entonces, sobre el tapete la discusión del modelo de Estado que se debe implementar y que se debe respetar para la determinación justa tanto de las competencias para el otorgamiento de licencias y autorizaciones para desarrollar proyectos de este tipo dentro de las entidades territoriales constitucionalmente aceptadas, y las contraprestaciones económicas que percibirá cada una de estas entidades territoriales derivadas de la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables. La hipótesis planteada va orientada a la proyección de la soberanía del Estado, Teniendo en cuenta los nuevos modelos de ordenamiento territorial que prioriza los componentes de autonomía de las comunidades y los entes territoriales locales, suena entonces lógico analizar el alcance de dichos entes territoriales para efectos de toma de decisiones respecto del desarrollo y ejecución de proyectos mineros que puedan llegar a afectarlos de manera directa o indirecta. La discusión cobra vigencia con base en las contradicciones constitucionales y legislativas que históricamente han puesto en una línea de superioridad al gobierno central frente a las entidades territoriales, comoquiera que el Estado ejerce su soberanía sobre los recursos naturales no renovables consagrados en el artículo 332 de la constitución política. El presente trabajo está motivado por la necesidad de conocer y determinar las dinámicas y tensiones en el campo minero, es por eso que se ha planteado la siguiente pregunta problema, ¿Cuál es el alcance de la autonomía y descentralización administrativa propia de las entidades territoriales en la intervención del Estado para la exploración y explotación de recursos mineros respecto de las personas y el territorio? En ese sentido, los objetivos planteados en la investigación parten del objetivo general el cual consiste en determinar el alcance de la autonomía y descentralización administrativa propia de las entidades territoriales en la intervención del Estado para la exploración y explotación de recursos mineros respecto de las personas y el territorio; además de los objetivos específicos estructurados que son: 1. Identificar la forma de organización territorial del Estado Colombiano y su posición frente a los recursos de la minería. 2. Establecer los principios a los cuales las entidades territoriales en Colombia deben ceñirse para la exploración y explotación de los recursos mineros. 3. Definir los límites que ostentan las entidades territoriales en relación con la actividad minera. 4. Analizar los modelos territoriales y administrativos de los recursos mineros planteados en el derecho comparado. Teniendo en cuenta las tensiones constitucionales generadas por el nivel de intervención del Estado colombiano en las actividades de exploración y explotación minera con respecto a las personas y las entidades territoriales, en las siguientes líneas se realizará en detalle, un estudio respecto al modelo territorial y administrativo del recurso minero desarrollado en Colombia y la aplicación de los principios constitucionales objeto de estudio en la regulación minera, asimismo la referencia de la jurisprudencia y legislación colombiana para determinar el alcance de los fallos constitucionales, para posteriormente compararlo con otros modelos tales como el europeo o el latinoamericano. Además, se aborda un análisis sobre la distribución del Sistema General de Regalías y la consideración de si está basado en criterios objetivos de ponderación, así como el estudio de los componentes socio económicos que implica la relación Estado – Empresa – Sociedad. Es este punto, donde se manifiesta una tensión latente entre el principio unitario, relativo a la forma de organización del Estado Colombiano, y el principio de autonomía propio de sus entidades territoriales. De conformidad con lo esgrimido, y al entrar en tensión los anteriores principios, es menester determinar el alcance de la intervención y participación administrativa de las entidades territoriales en la exploración y explotación de yacimientos mineros dentro de sus territorios. Si bien es cierto que la descentralización se caracteriza por el relajamiento de vínculos existentes en las relaciones de autoridad central y del organismo descentralizado o transferencia de funciones del centro a la periferia; no dejan de existir facultades de parte de las autoridades centrales lo cual se explica debido a que, de lo contrario, no estaríamos frente a una organización descentralizada de la administración sino un poder independiente o Estado dentro del Estado. Es por ello que la descentralización administrativa y la autonomía de las entidades territoriales, siendo la primera el instrumento necesario para alcanzar la segunda; predicadas desde la expedición de la Carta Política de 1991, responden al anhelo de los constituyentes de una Colombia más equilibrada y más cercana a las necesidades de la población otorgando un grado de independencia a las entidades territoriales concibiendo la posibilidad de autogobierno y administración de asuntos de mayor interés para dichos entes. Se trata entonces de dos conceptos ligados entre sí pero que puesto que ostentan grandes diferencias conceptuales dado que Mientras la descentralización se refiere al contenido material, a las competencias y recursos asignados por la Constitución y la ley a los entes territoriales, la autonomía consiste en el margen o capacidad de gestión que el constituyente y el legislador garantizan a las entidades territoriales para que planeen, programen, dirijan, organicen, ejecuten, coordinen y controlen sus actividades, en aras del cumplimiento de las funciones y fines del Estado. No obstante, la presente investigación se plantea la determinación del alcance de los anteriores conceptos enfocado a la explotación y exploración de los recursos mineros determinando de esta manera el grado de participación de estas, teniendo como base el principio que la Constitución Política de 1991 estableció según el cual el Estado Colombiano es un Estado Unitario, dueño de los recursos naturales. Resulta fundamental esclarecer el nivel de autonomía de las entidades territoriales para adoptar decisiones referentes a las mejores condiciones de desarrollo ambiental, social y cultural en su región, esto es, conocer con mayor profundidad el papel que desempeñan en la adopción de autorizaciones para llevar a cabo actividades relativas a la minería en su jurisdicción. Esta investigación es de interés general, en tanto se trata de una problemática que afecta económica, política y socialmente al Estado Colombiano. En la medida en que se fijen parámetros en la exploración y explotación de los recursos mineros, delimitando los alcances o el nivel de participación de las entidades territoriales en el desempeño de actividades en dicho sector, podrá dirimir en gran medida la tensión jurídica previamente descrita y que constituye el objeto de este trabajo

Evolución de las políticas públicas del sector minero colombiano frente al relacionamiento con comunidades en el periodo 2016-2019

Sin anexosEn los últimos años, el desarrollo de proyectos mineros en los diferentes territorios se ha visto enmarcado por la conflictividad social, por lo que el relacionamiento con comunidades ha sido un tema prioritario en la política pública del sector minero colombiano. La política minera se ha orientado a que desde la institucionalidad del sector minero colombiano, acorde con diferentes sentencias de las altas Cortes, se atienda y propenda por dar aplicación a los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiariedad para resolver las tensiones en los territorios, mediante la articulación, información y trabajo mancomunado entre la autoridad minera y las autoridades territoriales, promoviendo los espacios para la participación ciudadana. Los retos actuales en materia social son muy grandes, por lo que es necesario que la política pública del sector genere valor para el bienestar social y desarrollo de las comunidades en los territorios, si se proyecta que el sector minero continúe apalancando el desarrollo regional; en este contexto, analizar la evolución de las políticas públicas del sector minero frente al relacionamiento con las comunidades en el periodo 2016-2019, permitirá identificar la situación actual del sector frente a uno de los temas de mayor relevancia para el desarrollo de la actividad minera en el país, concluyendo si la evolución del marco legal respecto al relacionamiento con comunidades ha sido favorable para que se pueda generar un entorno de confianza entre los diferentes actores que intervienen en la actividad minera en las regiones, o si las falencias que se pueden apreciar en este momento en cuanto a relacionamiento tienen como causa principal un camino equivocado en el enfoque que se le ha dado a la política pública en este sentido.In recent years, the development of mining projects in the different territories has been framed by social conflict, so relations with communities have been a priority issue in the public policy of the Colombian mining sector. The mining policy has been oriented towards the institutionalization of the Colombian mining sector, in accordance with different sentences of the high Courts in order to attend and to apply the constitutional principles of coordination, concurrence and subsidiarity aimed to resolve tensions in the territories, through the articulation, information sharing and joint collaboration between the mining authority and the territorial authorities, promoting scenarios for citizen participation. The current challenges in social matters are of high relevance, so it is necessary that the sector's public policy generates value for the social welfare and development of the communities in the territories, if the mining sector is to continue leveraging regional development; In this context, analyzing the evolution of public policies in the mining sector in relation to the relationship with the communities in the period 2016-2019, will allow us to identify the current situation of the sector in relation to one of the most relevant issues for the development of mining activity in the country, concluding whether the evolution of the legal framework with respect to the relationship with communities has been favorable for the generation of an environment of trust between the different actors involved in mining activity in the regions, or whether the shortcomings that can be seen at this time in terms of relationships have as their main cause a misguided approach to public policy in this regard

Consultas populares y explotación de recursos naturales en Colombia

Las consultas populares en Colombia son una herramienta que garantiza los derechos o intereses colectivos, utilizadas por las comunidades para protección de los derechos culturales y del medio ambiente. El Estado, propietario del subsuelo, debe procurar que entre éste y los explotadores mineros exista una ejecución coordinada con las comunidades. Sin embargo, la necesidad del desarrollo del país y el derecho a gozar de un ambiente sano ha generado una problemática. Por tal motivo, el presente trabajo de investigación realiza una conceptualización de la normativa histórica sobre las minas en Colombia y el desarrollo evolutivo de la consulta popular. Aquí se deja ver hasta qué punto se puede limitar la explotación de los recursos naturales no renovables, haciendo uso de tal herramienta constitucional, la cual se ha buscado no sea radical y negatoria respecto de la explotación de recursos naturales. Todo ello, con la finalidad de analizar, mediante el método de análisis de la jurisprudencia de las Altas Cortes, la forma en que se ha interpretado el alcance de las consultas populares frente a la explotación de los recursos naturales en las comunidades.Popular consultations in Colombia are a tool that guarantees collective rights or interests, used by communities to protect cultural rights and the environment. The subsoil is property of the State, which, together with mining exploitation, occupies a harmony and coordinated execution with the communities. The need for the country's development and the right to enjoy a healthy environment has created a problem. The research work makes a conceptualization of the historical regulations on mines in Colombia and the evolutionary development of the popular consultation. Here we can see to what extent the exploitation of non-renewable natural resources can be limited, making use of such a constitutional tool, which has been sought not to be radical and negative regarding the exploitation of natural resources. Through the method of analysis that the high courts do, the solution is found in the present work with respect to the subject matter

¿Cambio de rumbo? La recentralización en América Latina: Venezuela y Colombia en la mira

En el siglo XXI muchos países de América Latina entraron en un proceso de reposicionamiento del Ejecutivo nacional y reconcentración de poder, en detrimento de los gobiernos territoriales y sus facultades otorgadas durante la descentralización que tuvo lugar en las últimas dos décadas del siglo pasado. El despliegue de ese proceso a través de diversas estrategias recentralizadoras que alteraron normas formales e informales dentro del sistema político, introdujo una reconfiguración estatal inspirada en razones ideológicas, pragmáticas y de cumplimiento de acuerdos de inversión con capitales foráneos, que impactó principalmente en el relacionamiento entre los niveles de gobierno y en las formas en la que las regiones y municipios se hicieron más dependientes de las directrices emitidas por la nación. Este fenómeno, conocido como recentralización, se evidencia en gobiernos ubicados en ambos polos del espectro político y con arquitecturas institucionales diferentes. ¿Cómo se generan procesos de recentralización en países que otrora habían avanzado en la descentralización? Este trabajo hace un análisis comparado de los casos de Venezuela y Colombia, países gobernados por diferente signo político y que siguieron modelos de desarrollo opuestos durante los años 2000-2018, e identifica, explica y clasifica las políticas recentralizadoras para establecer una secuencia lógica que posibilite comprender la trayectoria de las políticas recentralizadoras y su efecto en el Estado y en el relacionamiento intergubernamental. El argumento es que los gobiernos necesitan incrementar el control sobre el territorio para introducir sus proyectos nacionales y modelos de desarrollo, y para eso, impulsan reformas recentralizadoras que otorgan al Ejecutivo nacional mayor discrecionalidad e influencia sobre los órganos subnacionales. De manera tal que les permita operar sobre un esquema que apunte y converja en el plano nacional y el subnacional. Este trabajo verifica que la fortaleza del sistema institucional democrático en las lógicas recentralizadoras es la variable determinante en la implementación de un esquema de recentralización. El que la recentralización sea un proceso con el que aprendan a coexistir los distintos actores, e incluso lleve a una asimilación temprana por parte de los gobiernos subnacionales cuando desean ceder competencias por la imposibilidad de gestionarlas, o, caso contrario, a las tensiones motivadas por la asimetría en el trato con los actores locales donde se premia a los políticamente afines o el desconocimiento director de la autonomía subnacional, explica que existe un marco que lo hace posible y este es la robustez o debilidad de la institucionalidad democrática. Ahí radica la principal distinción entre los caminos de la recentralización. Los países con una institucionalidad democrática más fuerte tienen mejores resortes para absorber el proceso de recentralización de una forma consensuada, que aquellos donde la institucionalidad democrática es frágil y priva la discrecionalidad del gobernante de turno.In the 21st century, many Latin American countries enrolled in the process of displacing their national Executives and refocusing of power, to the detriment of territorial governments and their granted capabilities (along with a decentralization phenomenon that took place in the last two decades of the last century). Through various recentralizing strategies that altered formal and informal norms within the political system, this deployment process introduced a redesign of the State inspired by ideological and pragmatic reasons, in compliance with investment agreements amidst foreign capital, which mainly impacted on the relationship between the levels of government and how regions and municipalities became more dependent on the guidelines issued by the nation. This phenomenon, known as recentralization, is evident in governments located at both poles of the political spectrum and different institutional architectures. How are refocusing processes generated in countries that had previously made progress in decentralization? This work compares Venezuela and Colombia, countries governed by different political parties, and followed opposite development models during the years 2000-2018. This analysis identifies, explains, and classifies recentralizing policies to establish a logical sequence that displays recentralizing policies' trajectory and their effect on State and intergovernmental relations. The thesis is that governments need to increase control over the territory to introduce their national projects and development models. Therefore, they promote refocusing reforms that grant national Executives greater discretion and influence over subnational bodies. That allows them to operate on a pattern that points to and converges at national and subnational levels. This work states that the democratic institutional system's strength within a refocusing logic is the deciding variable when implementing a recentralization scheme. The fact that recentralization is a process with which different actors learn to coincide and even leads to early assimilation by subnational governments when they want to yield competencies (due to difficulties in managing them, or, if not, to tensions caused by the asymmetry in dealing with local actors where politically sympathetic are rewarded or, even, the lack of direct knowledge of subnational autonomy), explains that there is a framework that makes it possible, i. e., the robustness or weakness of democratic institutions. Therein lies the main distinction between the paths of recentralization. Countries with stronger democratic institutions have better resources to absorb the recentralization process in a consensual way than those where democratic institutions are fragile and deprived of the incumbent's discretion

Implicaciones de la incorporación de las fuentes no convencionales de energía en los contratos de concesión de áreas de servicio exclusivo para la prestación del servicio de energía en zonas no interconectadas

Los Contratos de Concesión de Área de Servicio Exclusivo (Contratos ASE) son una herramienta a través de la cual, no solo se puede contribuir en gran medida a fines de expansión del servicio de energía eléctrica, sino que también son un mecanismo adecuado para fomentar la lucha contra el cambio climático y propiciar la incorporación de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovables en la matriz energética nacional, logrando la sustitución de la generación con combustibles fósiles en las Zonas No Interconectadas del país. Lo anterior cobra especial importancia en el marco del Plan Nacional de Electrificación Rural 2018 – 2031 (PNER 2018-2031), el cual se deriva del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado el día 24 de agosto de 2016 y propende, entre otras cosas, por la implementación de soluciones de generación eléctrica, aisladas centralizadas o individuales en zonas rurales afectadas por el conflicto armado, a través de esquemas empresariales como las Áreas de Servicio Exclusivo.Exclusive Service Area Contracts (ASE Contracts) are a tool to contribute greatly to the purpose of expanding the electric power service, and also an adequate mechanism to promote the fight against change climate and promote the incorporation of Non-Conventional Renewable Energy Sources into the national energy matrix, achieving the replacement of generation with fossil fuels in the Non-Interconnected Zones of the country. The foregoing takes on special importance in the framework of the National Plan for Rural Electrification 2018 – 2031 (PNER2018-2031), which derives from the Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace, signed on August 24, 2016 and intends, among other things, for the incorporation of electricity generation solutions, isolated centralized or individual in rural areas affected by the armed conflict, through business schemes such as the Exclusive Service Areas.Magíster en Derecho Económico con énfasis en Servicios PúblicosMaestrí

Acceso y derecho a la tierra en Colombia: equilibrio entre los costos sociales de transacción , las externalidades y la teoría de la agencia (Access and Land Rights in Colombia: Balancing Social Transaction Costs, Externalities and Agency Theory)

Introducción. La encrucijada en que se encuentra la disposición de los recursos del suelo y las riquezas de la tierra en Colombia, centra el análisis del documento. Contexto. La animadversión entre estamentos estatales, empresariales y organizacionales, indican el pasmoso grado de improvisación de las temáticas. Metodología. Los costos sociales de transacción de la mano con la evaluación de Las externalidades, exponen claramente lo que sucede al tenor de dicha captura, explicada por la  teoría de la agencia. Resultados. Es importante identificar la situación de las tierras pertenecientes al estado; evaluar el derecho al subsuelo y el grado de utilidad pública que dictamina sobre ellos; y finalmente, la definición concreta en materia de accesos y derechos a la tierra, por diferentes agentes interesados en ellos. Conclusión. La definición de la teoría del valor sobre el acceso y el derecho a la tierra quedo refundida en la discusión planteada en el materialismo histórico

Descripción, utilización y proyecciones de la energía solar fotovoltaica en el departamento del Caquetá

En esta investigación se presenta la caracterización de sistemas en energía solar instalados en el Departamento de Caquetá, producto de la aplicación de un instrumento de recolección de información para sistemas existentes en 15 Municipios del Caquetá, que permitió conocer sistemas instalados, sus características y la percepción de satisfacción de los usuarios. Además, se evaluó el potencial de radiación solar en el departamento, a partir de un análisis de información climática existente. Se identificaron las perspectivas y oportunidades para la integración de la energía solar en el Departamento, en el marco de las políticas públicas territoriales, mediante la revisión de 16 planes municipales de desarrollo y el plan departamental de desarrollo, todos para la vigencia 2020-2023. Por último, permitió determinar condiciones básicas desde las dimensiones: social, económica y ambiental del territorio, que contribuyen a la factibilidad de proyectos de energía solar en Caquetá. La información permitió caracterizar la utilización y proyecciones de SSF para la integración de la misma en el Departamento de Caquetá, lo que arroja resultados a nivel de información cuantitativa y cualitativa, útil para que actores locales y nacionales del territorio, impulsen desde las políticas públicas, con una tasa de penetración mayor a la histórica, la energía solar fotovoltaica, y contribuir así con el desarrollo rural de zonas donde difícilmente se podrán conectar con el sistema nacional interconectado. En igual sentido, los datos permitirán a agencias y organismos de cooperación internacional, apoyar a comunidades rurales con financiamiento para la adopción de este tipo de energía renovable. Igualmente, se espera que estos insumos motiven a inversionistas privados a generar emprendimientos en este sector. Finalmente, la divulgación de los resultados podrá generar en las zonas rurales, mayor conocimiento sobre este tipo de sistemas, para romper con una de las barreras que ha limitado la implementación de la energía solar fotovoltaica desde la perspectiva comunitaria.This research presents the characterization of solar energy systems installed in the Department of Caquetá, as a result of the application of an information gathering instrument for existing systems in 15 municipalities of Caquetá, which allowed knowing the installed systems, their characteristics and the users' perception of satisfaction. In addition, the solar radiation potential in the department was evaluated, based on an analysis of existing climatic information. The prospects and opportunities for the integration of solar energy in the Department were identified, within the framework of territorial public policies, through the review of 16 municipal development plans and the departmental development plan, all for the 2020-2023 period. Finally, it allowed determining basic conditions from the social, economic and environmental dimensions of the territory, which contribute to the feasibility of solar energy projects in Caquetá. The information allowed characterizing the use and projections of SSF for its integration in the Department of Caquetá, which yields results at the level of quantitative and qualitative information, useful for local and national actors of the territory, to promote from public policies, with a penetration rate higher than the historical, photovoltaic solar energy, and thus contribute to the rural development of areas where it is difficult to connect to the national interconnected system. Likewise, the data will allow international cooperation agencies and organizations to support rural communities with financing for the adoption of this type of renewable energy. It is also expected that these inputs will motivate private investors to generate ventures in this sector. Finally, the dissemination of the results could generate greater knowledge in rural areas about this type of system, in order to break down one of the barriers that has limited the implementation of solar photovoltaic energy from a community perspective

Análisis al ordenamiento territorial de la sabana de Bogotá en consideración a los fallos de la Corte Constitucional, Consejo de Estado y la reglamentación del Ministerio de Ambiente

Objective. To analyze the type of territorial planning of the Bogotá savanna and its relationship with mining in the evaluation of the failures of the State Council, the Ministry of Environment and the Constitutional Court. Exploratory Methodology, which is characterized by entering phenomena, conditions, spaces, or fields of little or minimal study, establishing from there, establishing new theoretical, conceptual relationships, as well as familiarizing readers with the subject in question. Conclusion. The resolutions raise the consequences of protecting collective rights to a healthy environment, public health and therefore, the possible support of environmental rights, their careful respect and deep relationships with the delimitation of specific and specific areas for the production of certain industries The foregoing underlies understanding the basic principles of the Political Constitution and its regulations in the international order.Analizar el tipo de ordenamiento territorial de la sabana de Bogotá y su relación con la minería en consideración de los Fallos del Consejo de Estado, el Ministerio de Ambiente y de la Corte Constitucional. Metodología. Exploratoria, la cual se caracteriza por adentrarse en fenómenos, condiciones, espacios, o campos de poco o mínimo estudio, permitiendo desde allí, establecer nuevas relaciones teóricas, conceptuales, así como familiarizar a los lectores con el tema en cuestión. Conclusión. Las resoluciones, plantean inicialmente amparar los derechos colectivos a un ambiente sano, a la salubridad pública y por ende, el sostenimiento posible de los derechos del ambiente, su respectivo cuidado y las relaciones profundas con la delimitación de zonas concretas y específicas para la producción de ciertas industrias. Lo anterior subyace a comprender los principios básicos de la Constitución Política y sus regulaciones en el orden internacional.Maestrí